La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile le dio luz verde al proyecto que busca regular y restringir el uso de tecnología en las aulas. A partir de 2026, la forma en que los estudiantes interactúan con sus aparatos cambiará radicalmente, buscando mejorar la concentración y fomentar un mejor ambiente de aprendizaje en los colegios chilenos.
Diputados confirmó cuáles son los dispositivos que estarán prohibidos
Con un amplio consenso, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley, marcando un hito en la política educativa del país. La modificación clave es la sustitución del concepto “medios tecnológicos de telefonía móvil” por una definición más amplia y precisa. Este cambio impacta directamente en los establecimientos de educación básica y media, quedando la educación parvularia fuera de esta normativa que reorganiza el día a día en los colegios.
La nueva normativa se enfoca en la restricción de los “dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal”. Esta categoría define a aquellos dispositivos tecnológicos que cumplen con funciones específicas orientadas a la comunicación y el acceso a plataformas. La ley apunta a que el foco del estudiante esté en el aprendizaje, alejando las distracciones que los dispositivos móviles generan dentro de los colegios.
Se consideran dispositivos de comunicación personal aquellos medios tecnológicos que cumplen las siguientes funciones principales, y que a partir de 2026 estarán prohibidos en los colegios que imparten enseñanza básica y media:
Efectuar telecomunicación: Incluye la capacidad de realizar y recibir llamadas.
- Acceder a internet para mantener interacción de telecomunicación: Uso de datos o WiFi para aplicaciones de mensajería y redes sociales.
- Consultar contenidos y plataformas digitales: Navegación en páginas web o el uso de plataformas no autorizadas para fines educativos.
La prohibición se aplicará desde el inicio del año escolar 2026 en todos los colegios del territorio nacional. Existe un plazo fijado hasta el 30 de junio de ese mismo año para que cada establecimiento actualice sus reglamentos internos y se ajuste a los nuevos requerimientos. La fiscalización estará a cargo de la Superintendencia de Educación, que definirá los mecanismos y las consecuencias aplicables ante el uso indebido.
Fuente: terra.cl